Anuncia Gobierno Estatal lucha legal contra proyecto de torres en Zapopan; gobernador es vecino del predio

El Gobierno de Jalisco anunció que se sumará a la lucha legal para frenar una sentencia judicial que avala la construcción de cuatro torres departamentales, hotel y centro comercial en un predio de avenida Acueducto, en la colonia Real San Javier de Zapopan, al considerar que la resolución es ilegal.

«El Gobierno del Estado de Jalisco hace público su respaldo y apoyo al Gobierno de Zapopan y a vecinos de este municipio ante la ilegal sentencia dictada por parte del presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Laurentino López Villaseñor«, señala el comunicado, «las áreas jurídicas estatales se sumarán a la ruta legal de apoyo a los vecinos afectados con el objetivo de defender el interés común«.

Entre los vecinos afectados está el propio gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien de acuerdo con la licencia de edificación LE-19-2084 del Ayuntamiento de Zapopan es propietario de una vivienda sobre la calle La Cueva, en el fraccionamiento San Javier, que se encuentra a cien metros de distancia del predio donde se buscan construir las torres.​​

De acuerdo con la sentencia que busca combatir el Ejecutivo Estatal, el Ayuntamiento de Zapopan no cuenta con un Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), por lo que no tienen fundamento jurídico los planes parciales que en el predio en disputa, Acueducto 2447, sólo permiten la construcción de viviendas de mínima densidad y de máximo dos niveles de altura, sin posibilidad legal para construir torres verticales u operar negocios como hoteles o centros comerciales.

Al no existir el PMDU, una irregularidad que se arrastra desde hace años, incluyendo las dos últimas administraciones municipales encabezadas por Pablo Lemus Navarro, el magistrado Laurentino López le dio la razón al empresario y dueño del predio, Eugenio Gómez Sainz Vega, para que construya sus torres; pero los gobiernos de Jalisco y Zapopan consideran irregular porque violaría las disposiciones vigentes de los planes parciales, que son del año 2012 a pesar de que la ley obliga a los municipios a actualizar sus ordenamientos territoriales al menos cada tres años.