La resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte contra el tope a las pensiones doradas protege sólo a quien promovió el amparo, pero deja claro cuál es el criterio de los ministros sobre el tema, señaló Héctor Pizano Ramos titular del Instituto de Pensiones del Estado. El funcionario precisó que no han dejado de pagar la pensión completa a 55 jubilados que se ampararon contra el tope y comentó que están a la espera de que la Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de topar las pensiones.
“No hemos dejado de pagar la pensión en el monto original que tenían los 55 que se ampararon y tenían suspensión, solamente han sido reducidos en el monto de su pensión 22 que la tenían superior al monto de la reforma pero que no se ampararon. En este momento estamos en espera la siguientes resoluciones de los procedimientos que se han instaurado”, explicó.
El tope a las pensiones doradas se fijó en 39 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al mes, que equivale a poco más de 121 mil pesos. Entre los jubilados hay ex magistrados que perciben pagos superiores a las 200 mil pesos.
Pese a resolución de la Corte, reforma a IPEJAL no está muerta
Aunque la Suprema Corte de Justicia dio revés al tope de las pensiones doradas, algunos elementos de la reforma seguirán vigentes, argumentó Héctor Pizano Ramos; director del Instituto de Pensiones del Estado; explicó que seguirá aplicando la incorporación de trabajadores supernumerarios y el cobro de aportaciones con descuento en las participaciones a los municipios que presenten adeudos.
“La reforma sobrevive en la cobertura a los trabajadores que no tienen seguridad social en el Estado que eran 7 mil supernumerarios, casi 46 mil de municipios y organismos públicos descentralizados. La garantía en el convenio con hacienda y por otro lado el tope que se genera de las pensiones”, detalló.
La iniciativa para ponerle tope a las jubilaciones fue presentada por el gobernador Enrique Alfaro y aprobada en agosto del 2021; se planteó que generaría ahorros de alrededor de 38 millones de pesos anuales.
Rodrigo Rivas