Por Rodrigo Rivas
Sin detallar indicadores sobre su impacto en la mejora de la calidad del aire, ni especificar en qué se han invertido los recursos del Fondo de Protección al Ambiente, Paola Bauche Petersen, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), defendió la aplicación del programa estatal de verificación vehicular, durante su reunión con la Comisión legislativa especial que analiza la continuidad del esquema.
La funcionaria insistió en que el programa cumple con la normativa federal, que obliga a los Estados a contar con este tipo de programas, rechazó que su implementación implique el pago de 900 millones de pesos anuales al proveedor de software usado para las revisiones.
“Sobre los 900 millones de pesos, la cantidad que se paga a la empresa es por prueba realizada; la suficiencia presupuestal que da este Congreso es por 900 millones, pero nunca jamás se han entregado 900 millones a la empresa, porque se le entregan por prueba realizada; pero por supuesto que entre las áreas de mejora está mejorar la comunicación, la transparencia y la información porque no está, no está quedando claro”, dijo.
Añadió que lograron superar el millón cien mil de verificaciones, refirió que se requiere la verificación de al menos 60% del parque vehicular para impactar la calidad del aire, sin embargo, consideró que el incremento de autos verificados tiene un impacto positivo.
En los cuestionamientos de legisladoras y legisladores, la coordinadora de la fracción del PRI, Refugio Camarena, consideró que la aplicación del programa no ha implicado mejoras en la calidad del aire y refirió que omisiones en la verificación de unidades del transporte público. La diputada Tonatzin Cárdenas cuestionó que el programa es clasista al no considerar alternativas para quienes no pueden cambiar su vehículo. La morenista Itzul Barrera criticó que la Secretaría de Medio Ambiente no haya presentado informe sobre en qué se gastaron los recursos del Fondo Ambiental.
El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, cuestionó que en Jalisco el proveedor de tecnología para el programa es un monopolio, mientras que, en Estados Unidos donde opera el mismo proveedor, hay otras alternativas y mayor cumplimiento. La diputada Alejandra Giadans, de Movimiento Ciudadano, subrayó que el Congreso estatal aprobó el actual esquema de verificación y la ampliación del contrato con el proveedor hasta el año 2038. El diputado del Partido Verde, Guadalupe Buenrostro, subrayó que el modelo de verificación jalisciense ha sido reconocido por la Secretaría de Medio Ambiente federal.
Tras cuestionamientos de diputadas y diputados, la secretaria rechazó que el programa persiga y sancione la pobreza o la falta de recursos de quienes dependen de su vehículo para trabajar y no tienen para comprar uno nuevo que pase la verificación. La funcionaria planteó reforzar los programas de apoyos para renovar el parque vehicular.