La indiferencia de las autoridades ante las demandas de las familias de personas desaparecidas es preocupante, advirtió Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quien lamentó que no se haya permitido la participación de las victimas en la comparecencia en el Congreso estatal de funcionarios del gabinete de seguridad.
“Externar la profunda preocupación por la gran indiferencia y desinterés de las autoridades ante pla manifestación de las familias de personas desaparecidas. La voz de las familias siempre deberá de ser escuchada y priorizada, aún más en este tipo de ejercicios de rendición de cuentas”, dijo.
La abogada cuestionó el retraso de más de 3 años en la emisión de reglamentos de la Ley de Personas Desaparecidas, del reglamento de la Comisión de Búsqueda y el Plan Estatal de Búsqueda. Advirtió que también está pendiente la conformación de una Fiscalía Especializada en la investigación del delito de tortura.
La activista consideró un avance la creación del Centro de Identificación Humana, pero cuestionó que desde el inicio de su operación sólo se ha realizado una exhumación masiva controlada en Coyula Tonalá, en mayo del 2022.
Anna Karolina Chimiak advirtió que en el último informe del gobernador se asegura que fueron localizadas 17,405 personas y que 65% de ese total no fueron víctimas de ningún delito; destacó que no se aporta información sobre cómo se llegó a ese dato, cómo se puede comprobar y el riesgo de que se use para aminorar la magnitud del problema de desaparición que enfrenta el Estado y responsabilizar a las víctimas.
Añadió el alto nivel de impunidad, pues de 1268 personas judicializadas por delitos en materia de desaparición, sólo se vincularon a proceso 681 personas y sólo en 72 casos llegaron a sentencia condenatoria.