Por Elizabeth Rivera
Aún y cuando registran algunos avances, persisten prácticas de captura y descoordinación entre las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). También existe una falta de políticas anticorrupción uniformes en el país y hay deficiencias en los sistemas de sanciones, lo que lleva a una percepción de que ese sistema es una carga adicional en las responsabilidades institucionales.
Expertos en la materia, como el académico José Bautista Farías del ITESO, enfatizó que la implementación de políticas anticorrupción ha enfrentado obstáculos significativos, tanto internos, como la resistencia de algunos funcionarios, como externos, vinculados a intereses políticos y económicos.
“Que en los procesos de elaboración e implementación de las políticas estatales Anticorrupción se caracteriza por ser lenta asimétrica simulada en algunos casos procrastinada, burocratizada y obstaculizada. En mi opinión a nivel de hipótesis existen obstáculos internos y externos que dificultan la operación de las políticas estatales anticorrupción dentro de los internos podríamos ubicar a algunos funcionarios de los organismos que conforman los sistemas estatales Anticorrupción”, destacó.
Bautista Farías resaltó que el presupuesto asignado a la Secretaría Ejecutiva de estos sistemas es escaso y se han reportado recortes en varias entidades, lo que dificulta la operatividad y cumplimiento de las políticas.
El investigador subrayó la importancia de la aplicación de una metodología rigurosa y la presentación gráfica del informe, aunque advirtieron sobre la necesidad de articular una hoja de ruta más clara para los diferentes niveles de gobierno.
Cabe destacar que esta información la presentó el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que este 20 de noviembre dio a conocer su tercer informe titulado “Informe País 2022: Impunidad y Centralismo”, que examina los avances y desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La Secretaria Ejecutiva del IIRCCC, Annel A. Vázquez Anderson, expuso que el informe se basa en 36,326 solicitudes de información y en el análisis de 32 bases de datos que contienen más de 2.7 millones de datos abiertos, con el propósito de entender y evaluar la corrupción como una captura de lo público por intereses privados.
Entre los hallazgos más relevantes, se reporta una mejora del 8.3% en el cumplimiento de 116 mandatos revisados. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destacó al cumplir al 100% con sus obligaciones, mientras que otras instituciones, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el INAI, mostraron retrocesos en su desempeño.
La presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, destacó que este informe se ha convertido en un “documento obligado” para conocer el estado del SNA y su impacto en la agenda anticorrupción en el futuro.
El rector del CUCEA, Gustavo Padilla Montes, reafirmó la relevancia del informe a nivel nacional y su potencial para continuar mejorando las prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Afirmó que es esencial mantener un enfoque constante en el crecimiento y la efectividad del SNA, en el contexto de un sistema cada vez más complejo.