• Jue. Oct 17th, 2024

Por Elizabeth Rivera

Luego de que el Congreso de Jalisco aprobó este martes la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, iniciativa impulsada por el próximo Gobernador, Pablo Lemus generó controversia y rechazo en el colectivo Por Amor a Ellxs, Martha Morales, integrante de esta asociación indicó que considera que la medida se adoptó de manera precipitada y sin la participación requerida de las familias afectadas.

“Nosotros siempre hemos pedido a las autoridades, ya que por la ley que tenemos en Jalisco, siempre nos deberían tomar en cuenta a las familias, porque eso es muy importante. Sin embargo, no nos tomaron en cuenta ni supimos nada. Ya cuando nos dimos cuenta de que esta propuesta de iniciativa por el señor Pablo Lemus ya estaba metida en el Congreso, no hubo ninguna invitación. Yo pienso que ninguno de los colectivos estaba enterado”, anotó.

La agrupación, que apoya a familiares de personas desaparecidas, expresó su descontento y reprocha que no se llevó a cabo un Parlamento Abierto que permitiera el análisis y la discusión de la iniciativa.

La organización señaló que la comunidad no fue informada ni incluida en las etapas de planificación de la Secretaría, lo que consideran un paso en falso que ignora los derechos de las familias a ser parte del proceso de búsqueda y aseguramiento.

En las primeras evaluaciones, la nueva Secretaría fue criticada por duplicar funciones que ya existen dentro de las instituciones actuales sin aclarar cómo se repartirán las responsabilidades. Estas duplicaciones generan preocupación sobre los posibles conflictos operativos que podrían surgir, así como la efectividad de la Secretaría en abordar la crisis de desaparición de personas en la región.

El colectivo solicita a los legisladores estatales revisar el proyecto, rectificar el proceso de creación y asegurar la inclusión de familias y expertos en el diseño de una institución que aborde de manera efectiva la búsqueda de personas desaparecidas.

Este llamado busca garantizar que las decisiones de políticas públicas incluyan las voces de aquellos más directamente afectados, buscando soluciones reales y efectivas que beneficien a la sociedad en su conjunto y permitan el regreso seguro de las personas desaparecidas.

Por Elizabeth Rivera Avelar

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