Por Rodrigo Rivas
El Instituto de Transparencia del Estado (Itei) aprobó emitir 17 amonestaciones contra funcionarios públicos señalados por omisiones en la publicación y entrega de información pública.
Destaca el caso del expresidente municipal Ameca, Juan Valentín Serrano Jiménez, que acumuló 7 amonestaciones por diferentes recursos. Otra amonestada fue Katia Castillo Lozano, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Habla Elizabeth Ortiz Montes, secretaria ejecutiva del Instituto.
“Del Ayuntamiento de Ameca, en las anteriores se impone amonestación pública al ciudadano Juan Valentín Serrano Jiménez entonces presidente municipal del sujeto obligado y se requiere de nueva cuenta; tomando en consideración que son siete amonestaciones para el mismo servidor público. Del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena, se impone amonestación pública a la ciudadana Katia Alejandra Castillo Lozano en su carácter de presidenta del sujeto obligado y se requiere de nueva cuenta”, detalló.
Con 5 señalamientos figura Sofía Asunción López Palacios, expresidenta municipal de Tolimán. Alma Aurora Peña Gaspar, exalcaldesa de Gómez Farías recibió dos amonestaciones; hubo amonestaciones para Francisco Javier Martínez Gil exalcalde interino de Puerto Vallarta; Josué Neftalí de la Torre Parra, director de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social; Marco Antonio Castellanos Aguilar jefe de Archivo y Transparencia del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco.
En sesión del pleno del ITEI se dio trámite a 215 expedientes, de los cuales 61 son recursos de revisión, 28 recursos de transparencia, 8 recursos de protección de datos personales, 45 determinaciones de recursos de revisión, 72 determinaciones de recursos de transparencia y una determinación de recurso de protección de datos personales.
En otros asuntos, se aprobó la firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara para establecer mecanismos que fortalezcan la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de acceso a la protección de datos personales.