Por Elizabeth Rivera
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), criticó la reciente aprobación por parte del Congreso de Jalisco del dictamen con el que se creará la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, que, sin considerar la participación de familiares de personas desaparecidas, ignoró las leyes existentes y no cumple con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó Anna Karolina Chimiak, presidenta de esta asociación.
“Identificamos posibles riesgos de violaciones a los derechos humanos y abusos al momento de generar una especie de fusión entre las acciones de inteligencia Seguridad Pública y búsqueda y convertir a esta Secretaría en una instancia muy opaca que usa también las herramientas como por ejemplo los programas de espionaje recordando que Jalisco ha sido un líder a nivel nacional en cuanto a la inversión en la compra del espionaje en el país”, criticó.
La activista advirtió que esta decisión representará un grave retroceso, implicará riesgos de violaciones, abusos y vicios institucionales; además, politizará y obstaculizará la búsqueda de desaparecidos, al no establecer las fiscalías especializadas y autónomas necesarias para casos de desaparición y tortura.
El CEPAD manifestó preocupación por la falta de diálogo y participación ciudadana en el proceso, lo cual consideran un incumplimiento de la obligación legal de las autoridades.
El documento fue señalado por el CEPAD y colectivos de familiares de personas desaparecidas como un posible retroceso en derechos humanos. Critican que esta nueva estructura podría traer un aumento de abusos, debido a la falta de independencia de las instancias responsables de investigar y prevenir estos delitos.
Les preocupa que el dictamen avalado no haya abordado adecuadamente las obligaciones en materia de tortura y desaparición, y que no garantice la autonomía necesaria para una investigación efectiva y libre de influencias indebidas. La aprobación apresurada sin considerar estas implicaciones, se argumenta, va en detrimento de la crisis de derechos humanos que enfrenta Jalisco, un estado con el mayor número de desapariciones en el país desde 2019.
El CEPAD insta a que la legislatura reconsidere este proceso y que las reformas en la materia sean producto de un diálogo abierto, que incluya a las familias afectadas y diversos expertos. Este enfoque, indicaron, sería esencial para formular políticas que realmente atiendan la crisis de desapariciones y fortalezcan los derechos a la verdad, justicia y reparación integral para las víctimas.