Por Rodrigo Rivas Uribe
La reforma para despenalizar el aborto busca que se deje de criminalizar a las mujeres y que el asunto se aborde desde la visión de salud pública, explicó el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, comentó que están pendientes reformas complementarias para instrumentar el acceso a la interrupción del embarazo en el sector salud público estatal.
“Es un tema de salud pública que tenía relegadas a muchas mujeres, el aborto era únicamente para las mujeres ricas que tenía acceso a hospitales privados y la salud pública no estaba atendiendo ese tema. Fue una batalla de muchas mujeres durante mucho tiempo que se fue dando para poder en este momento llegar a darle cumplimiento no a lo que decidimos en el Congreso, si no a lo que dijo la Corte”, expuso.
El legislador recordó que había planteado el tema de la interrupción legal de embarazo, desde hace tres Legislaturas y finalmente se concretó por las resoluciones judiciales que obligaron al Congreso estatal.
Destacar que sanción de cuatro meses a un año de prisión se mantiene si el aborto se practica después de las 12 semanas de gestación.
Hay sanción de tres a seis años de prisión a quien haga que una mujer interrumpa el embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin su consentimiento o en contra de su voluntad. Si además hay violencia física o psicológica, la sanción será de cuatro a seis años de prisión.
También si la interrupción del embarazo forzada la causa personal médico, pasante o estudiante de medicina o de enfermería, profesional de partería o comadrona, además de las sanciones que le correspondan, se aplicará suspensión de uno a cinco años en el ejercicio de su profesión u oficio.