Por Elizabeth Rivera
México enfrenta un sistema de pensiones fragmentado y desigual, las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que para el año 2050, habrá casi 25 millones de personas mayores de 65 años en México, si no se logra reducir significativamente el porcentaje de población sin acceso a la seguridad social, que en 2022 fue del 50.2% según el CONEVAL, el desafío se agudizará afirmó el director del sistema financiero en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Enrique Díaz Infante.
“Somos una población que está envejeciendo aceleradamente y no tenemos un sistema de pensiones adecuado para enfrentar el reto en el país o esquemas pensionados fragmentados y desiguales que obligan cada año a gastar aproximadamente el 22% del Presupuesto de Egresos de la Federación, esta fragmentación genera una elevada desigualdad de oportunidades para alcanzar un retiro digno, lo que tiene implicaciones negativas sobre la movilidad social”, expuso.
Entre las limitaciones del actual sistema de pensiones se encuentran la falta de continuidad en la política pública y la carencia de integración con políticas de salud y cuidados. Asimismo, se señala la necesidad de una reforma hacendaria que garantice la sostenibilidad del gasto en pensiones sin desviar recursos de otras prioridades económicas y sociales.
El CEEY establece que el sistema de pensiones en México es un reto crucial para las finanzas públicas y para la justicia social debido a su impacto en la movilidad social, ya que el creciente envejecimiento de la población mexicana, sin un sistema de pensiones adecuado, plantea un serio desafío.
Para abordar estos desafíos, el CEEY propone una serie de políticas públicas, comenzando con la aprobación de una Ley Marco de Pensiones que establezca normas para todos los esquemas existentes bajo la supervisión de un organismo regulador autónomo. También se sugiere la creación del Instituto Nacional de Pensiones de Retiro (INPR) para coordinar la integración del ecosistema de pensiones, incluyendo la supervisión de participantes y la concesión de un fondo solidario.
Además, el INPR sería responsable de elaborar estudios sobre el envejecimiento poblacional y el mercado laboral, y de preparar un plan rector para coordinar las acciones necesarias para integrar los esquemas de pensiones.
Sin la implementación de estas políticas, el sistema actual se tornará aún más insostenible y desigual, incrementando la disparidad en el acceso a un retiro digno y limitando la movilidad social.
Para más información, se puede acceder a la publicación completa en https://propuestas.ceey.org.mx/