• Jue. Sep 19th, 2024

Por Elizabeth Rivera Avelar

Denuncian que 33 integrantes de la comunidad indígena nahua y otomí de Ayotitlán, población ubicada en el municipio de Cuautitlán, Jalisco, una región históricamente marcada por conflictos y violencia, fueron amenazados de muerte y están en grave peligro, esto en el contexto de la lucha jurídica de este pueblo por el reconocimiento de su derecho a la tierra,

En el lugar hay intereses del crimen organizado y de explotación de compañías mineras, así lo indicó el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Gerardo Ramírez García.

“Estas amenazas nos parece que no son al aire, no son amenazas solamente como bravuconerías. Hay todo un historial de agresiones, de desapariciones, de maltratos, de vejaciones, de asesinatos y algunos casos muy recientes, algunos de estos casos son muy recientes, entonces nos parece realmente alarmante y lo que hemos estado expresando, lo que hemos estado hablando, es que solicitamos que de manera urgente se dicten medidas cautelares para la protección de estos compañeros”, expresó.

La comunidad Indígena de Ayotitlán argumenta que su demanda busca el reconocimiento y la protección de sus derechos ancestrales sobre tierras comunales, sin desposeer a otros núcleos agrarios. Ante las amenazas recibidas, la Red Jalisciense de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares urgentes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco para proteger a los demandantes.

Cabe destacar que los nahuas de Ayotitlán son una comunidad indígena que vive en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco. La comunidad se encuentra en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de Manantlán, una de las zonas más biodiversidad del país. 

El pueblo de los nahuas de Ayotitlán han enfrentado años de exilio, amenazas y desconocimiento oficial y más de 50 asesinatos desde 1980 a la fecha.

En 2021, los líderes de la comunidad organizaron un Consejo para reunificar las comunidades y fortalecerse con el objetivo de pelear por el reconocimiento oficial de su ascendencia originaria. Cabe destacar que en 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 13 integrantes de la comunidad, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia debido a su labor de defensa del territorio frente a actividades ilegales. 

Los nahuas de Ayotitlán han denunciado constantemente la explotación ilegal y el impacto ambiental y social que generan las diversas empresas mineras y el cambio de uso de suelo, con el desmonte de bosques por parte de integrantes del crimen organizado.

Por su parte, Martín Gómez, consejero de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, explicó que el pasado domingo 25 de agosto, se celebró una Asamblea Ejidal en el Ejido Ayotitlán. La reunión tuvo como tema central la demanda agraria de Reconocimiento, Deslinde y Titulación de Bienes Comunales presentada por la Comunidad Indígena de Ayotitlán ante el Tribunal Unitario Agrario 38, con sede en Colima.

Durante la asamblea, indicaron algunos líderes ejidales, encabezados por Gaudencio Mancilla Roblada, expresaron que esta demanda agraria representa una amenaza para los derechos de El Ejido Ayotitlán, establecidos desde una resolución presidencial en 1963. En un ambiente tenso, se leyeron los nombres de los representantes de la Comunidad Indígena implicados en la demanda, emitiendo lo que fue percibido como una amenaza directa a sus vidas. Esta situación es especialmente alarmante debido al contexto de violencia que ha cobrado la vida de opositores como Higinio Trinidad de la Cruz y J. Santos Isaac Chávez en los últimos años.

El proceso legal continúa y la primera audiencia está programada para este viernes 30 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal Agrario 38 de Colima. Preocupados por la seguridad de los representantes indígenas, la Red Jalisciense de Derechos Humanos y el Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” (CAANTA) de Ayotitlán pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad del Estado para garantizar su protección durante esta actividad.

Por Elizabeth Rivera Avelar

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