Por Elizabeth Rivera Avelar
La Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público de Jalisco negó que hayan incurrido en ‘chantaje’ con su petición de aumento de tarifa.
Ricardo Verdín Espinoza, integrante de esta organización, dijo que confían en que las autoridades aplicarán la norma que las obliga a evaluar el costo que implica prestar el servicio.
“Yo creo que se malinterpretó el tema porque, digo, jamás ha sido el tema de chantajear. Es de ser objetivos y trabajar en conjunto como lo mencionamos: autoridad, sociedad y gobierno del estado. Desconozco quién le informó al Gobernador, pero jamás fue la intención de nosotros como transportistas ni chantajear ni hacernos las víctimas; es buscar ya un tema que por ley está. Ya se pusieron las mesas de trabajo para darle seguimiento, como lo explicaron que en el último trimestre de este año deben de tener ya lo que es la tarifa técnica”, anotó.
Aún con las declaraciones del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en las que rechazó la posibilidad de incrementar el costo del boleto del transporte público, Verdín Espinoza dijo confiar en que las autoridades del gobierno estatal revisarán con seriedad y responsabilidad su petición.
Verdín explicó que, aunque inicialmente se afirmó que el ajuste tarifario no sería aprobado durante la presente administración, la expectativa es que una revisión podría significar un cambio a partir de enero de 2025, siguiendo los procesos legales establecidos.
Aunque el mandatario estatal declaró que los transportistas representan una pequeña parte del servicio, Verdín señaló que colectivamente estos empresarios desempeñan un papel importante en el sistema de transporte del estado.
“En la agrupación que se creó, representaríamos como el 30% del servicio de transporte. Digo, pequeños, pues no, no somos tan pequeños. Dentro de la organización existen rutas de 20 unidades de 30 horas, pero ya la suma de todos, o sea, ya es un tema”, comentó.
Mientras tanto, las empresas de transporte recibirán apoyo a través de subsidios y estrategias administrativas para garantizar la continuidad operativa hasta diciembre. Se espera que las negociaciones se realicen semanalmente, con el objetivo de llegar a acuerdos técnicos y políticos que satisfagan a todas las partes involucradas.