Por Elizabeth Rivera Avelar
Las asociaciones Civilidad para Transformar, Frente Nacional Contra Violencia Vicaria y Madre Yo Sí Te Creo informaron de la primera restitución de menores de edad mediante la reforma de violencia cometida por interpósita persona, que aprobó el Congreso del Estado el pasado 5 de junio, informó la abogada, Ana Paula Sandoval.
“Solicitamos las medidas urgentes de protección para esta mamá porque en la nueva ley vicaria, ya se establece que la medida idónea frente a una sustracción es la restitución de los menores y que tiene un carácter urgente es decir que se tiene que resolver en cuatro horas sin embargo, hubo un montón de dilación. Esto fue el 26 de junio y nos entregan resolución hasta el 12 de julio a las 12:30 siendo que a las 3 se iban a vacaciones de dos semanas los juzgados locales, además la jueza desecha las medidas diciendo que que ella no podía otorgar medidas penales cosa que no se pidió y que ella no advertía, un riesgo real en contra de la de la mamá”, relató la abogada Sandoval.
La responsable de Civilidad para Transformar, Ana Paula Sandoval, ONG y despacho legal que aborda casos de violencia vicaria y ofrece soporte legal a las mujeres afectadas, explicó que en este caso hubo deficiencias y negligencias del sistema judicial local. Entre las múltiples barreras legales estuvo que inicialmente desestimaron las medidas de protección urgentes, sin embargo, mediante recursos y amparos, se logró la restitución de los menores a su madre.
Compartieron que el caso en cuestión es el de una madre joven de 29 años, quién es trabajadora del hogar y niñera, durante 10 años vivió una relación de pareja que estuvo marcada por diversas formas de violencia familiar, como la económica, psicológica y física. A pesar de su voluntad de separarse debido al entorno violento, se vio constantemente amenazada con la posibilidad de perder a dos hijos, uno que cursa el kínder y otro que estudia la primaria, lo que la obligaba a permanecer en esa situación.
En un momento de convivencia, el padre tomó a los niños sin intención de devolverlos, informando a la madre de su decisión unilateral. Desesperada por recuperar a sus hijos, ella ya había presentado denuncias penales por violencia familiar, y llevó su caso a los juzgados locales solicitando medidas urgentes de protección. Sin embargo, estas solicitudes fueron desestimadas o se enfrentaron a demoras burocráticas, haciendo el proceso aún más complicado.
Ante la inacción de la justicia local, recurrieron a un amparo y el caso llegó a un Tribunal Federal, el cual ordenó la restitución de los menores. Finalmente, el 7 de agosto se llevó a cabo la diligencia para devolver a los niños a su madre.
Las activistas, abogadas y representantes legales manifestaron que este caso ejemplifica y expone la falta de eficacia judicial frente a la violencia vicaria y sostienen que evidenció los problemas sistémicos del sistema judicial local, como demoras y falta de acción efectiva, a pesar de la existencia de leyes diseñadas para proteger ante estas situaciones.
Agregaron que expuso la necesidad urgente de aplicar correctamente la ley para proteger los derechos de las madres e hijos afectados. Las organizaciones de la sociedad civil agregaron que solicitaron al Poder Judicial que les entregue la lista de jueces que recibieron capacitación en perspectiva de género y en violencia vicaria y que presentaron un exhorto al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, Daniel Espinoza Licón en el que le solicitan que “capacite de manera urgente a todos los jueces y secretarios en esta materia”.
Las activistas hicieron pública una lista de 25 jueces que sostienen comenten violencia e institucional contra mujeres víctimas de violencia de género.
También pidieron al Poder Judicial que se conforme un Observatorio ciudadano de impartición de justicia.