Por Elizabeth Rivera Avelar
La decisión de gastar 4.3 millones de pesos por parte del gobierno del Estado de Jalisco en la adquisición de una escultura del artista Rodrigo de La Sierra, conocida como “Timo”, reactiva la discusión sobre la necesidad de establecer un órgano regulador para las adquisiciones y ubicación de arte público en Jalisco. Esta preocupación fue manifestada por Alberto Peredo, académico de la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
“Yo considero que toda obra de arte público debe de responder a una realidad contextual en la cual se ubica, ya que de no ser así luego se corre el riesgo de que no se tenga una, eh, mmm, un sentido de pertenencia y quienes habitan los lugares este y quienes lo van a estar viendo todos los días y quienes con el paso del tiempo puede lograr generarse un sentido de pertenencia y de reconocimiento y de identidad porque en esencia para eso es el arte público y lo hemos visto con la obra por ejemplo de Fernando González Gortázar,” expuso.
Destacó la falta de planificación en la instalación y seguimiento de estas obras en el espacio urbano.
A pesar de la inversión significativa realizada para la compra de la escultura, actualmente se desconoce su ubicación, lo que ha suscitado críticas y cuestionamientos respecto a la transparencia y viabilidad de estas adquisiciones.
El especialista dijo que el tema del arte público perdido o dañado no es nuevo en la ciudad. Ejemplos anteriores, como el vandalismo sufrido por las esculturas de “Las Tres Gracias” del maestro Sergio Garval, y la “Espada” de José Antonio Torres, fuera del Mercado Corona, ilustran la vulnerabilidad de estas obras frente a robos y deterioros.
“Ha sido un tema recurrente que el arte en las calles sea objeto de vandalización y robo,” agregó Peredo. “Es necesario proponer arte público que pueda ser lo más resistente a la adversidad”, destacó.
Peredo enfatiza la importancia de planificar adecuadamente el arte público, teniendo en cuenta no solo el posible vandalismo, sino también el desgaste causado por las condiciones ambientales. Sugiere la creación de un comité evaluador compuesto por expertos diversos, como historiadores, urbanistas, restauradores, y artistas, que ofrezcan una perspectiva integral para validar cada intervención artística propuesta para el espacio público.
“Para ello es necesario tener un órgano regulador de adquisiciones”, subrayó. “Un grupo de asesores que pueda hacer un análisis profundo antes de adquirir y colocar una obra de arte en el espacio público”, aseveró.
El académico concluye que el arte público debe conectar con el contexto social y cultural de su ubicación.
“Toda obra de arte público debe responder a una realidad contextual… para generar un sentido de pertenencia y reconocimiento”, sostuvo.
La incertidumbre sobre el paradero de la escultura de “Timo”, dijo, reivindica la necesidad de procesos más rigurosos y participativos en la adquisición de obras para espacios públicos, asegurando así su durabilidad y relevancia social.