Por Elizabeth Rivera Avelar
La expedición de la norma técnica para la operación de servicio de grúas en Jalisco, —publicada en septiembre pasado— con la que el Gobierno del Estado pretendió regular a este sector fue inútil para acabar con los principales problemas y delitos que afectan está actividad, entre ellas el reparto ilegal de los servicios de arrastre a empresas no autorizadas, corrupción de autoridades, operativos fantasmas y extorsión a propietarios de automotores, depósitos de vehículos clandestinos, denunciaron CONATRAM, AGRUJAL y AGRÚAS,
Aquí lo expuesto por el presidente de la Asociación Jalisciense de Grúas A.C. (AGRUJAL), José Tomás Orozco Michel.
“La autoridad nos requirió una regularización, la que como empresarios bien establecidos hemos cumplido a cabalidad. Sin embargo, nos encontramos con que esto no fue más que un acto recaudatorio, pues, se convirtieron en permisionarios, empresas que no cumplen al 100% con los requisitos establecidos en la ley. Como consecuencia observamos que la asignación de servicios es discrecional”, apuntó.
Las denuncias también las efectuaron el delegado en Jalisco de la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas, A.C. (AGRÚAS), Miguel Ayón Rosas; y el delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), Diego Javier Bolio Corona.
Los representantes de las asociaciones que agrupan a las empresas de grúas explicaron que se incumple con la asignación justa y equitativa de los arrastres de vehículos vía una Cabina Única, que debería de otorgar los servicios a las 105 grúas que cuentan con el permiso, y que, por el contrario, asignan el 80% de los trabajos a 500 grúas piratas.
Detallaron que los operativos fantasmas consisten en que agentes viales, en complicidad con empresas y operadoras de grúas piratas, amenazan a propietarios y a conductores de vehículos con llevarse las unidades a corralones si no pagan los servicios de grúa. Puntualizaron que en estos casos el dinero no ingresa a las arcas estatales.
Otra irregularidad que persiste son los corralones ilegales, los cuales operan en Tlajomulco e Ixtlahuacán de los Membrillos, en esos lugares se hacen cobros que no se reportan a las autoridades estatales y se evita llevar los automotores a los depósitos de los permisionarios formalmente constituidos.
Los transportistas denunciaron que el trámite de la regularización solo fue un “acto recaudatorio” por el cual tuvieron que invertir entre medio millón de pesos hasta 20 millones de pesos o más, para alinearse a la Norma Técnica, con la esperanza de registrar el retorno de esa inversión en un periodo de cuatro años, sin embargo, a casi un año de que entró en vigor, ni siquiera ha recuperado el 25% de lo que invirtieron.
Apuntaron que la regularización únicamente sirvió para que empresas que no cumplen al 100% con la ley se convirtieran en permisionarios.