• Vie. Nov 22nd, 2024

 Por Elizabeth Rivera Avelar

El Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en materia penal, con sede en Puente Grande, emitió un fallo judicial el 17 de abril que reconoció la desaparición forzada de Carlos Maximiliano Romero Meza, hijo de Liliana Meza, presidenta de la asociación Luz de Esperanza.

La sentencia establece un precedente al confirmar la participación o aquiescencia de agentes del Estado en la desaparición. Los miembros de Luz de Esperanza recibieron la noticia con una mezcla de alegría y tristeza. Consideran la decisión un hito en sus esfuerzos por encontrar la verdad y hacer justicia para los desaparecidos, un desafío constante ante la negativa y la inacción de las autoridades, así lo manifestó el secretario de la asociación, Héctor Flores.

“Abre la esperanza de que a pesar de las tantas negativas de los gobiernos aquí en México, los gobiernos estatales, también federales, de las autoridades, pues para seguir adelante, que se restituyan todos los derechos violentados a la víctima directa y a la familia, pues es algo muy bueno. Esperemos que en el futuro sigan resolviendo de esta manera. Es la primera vez que nos resuelven un amparo en este sentido. Desgraciadamente, la mayoría de los amparos niegan la desaparición forzada, se niegan a reconocer muchas violaciones a la familia, a los derechos de las víctimas”, manifestó.

La organización destacó que el dictamen se adhirió a modelos internacionales de derechos humanos y adoptó un estándar probatorio menos estricto, dio predominio a la prueba indiciaria sobre otras. El juzgado ordenó medidas de reparación que brindan reconocimiento oficial y esperanza a la asociación y a la familia de la víctima en su persistente búsqueda de justicia y verdad.

El colectivo subrayó que la sentencia tiene una importancia particular ya que se relaciona con un contexto de indiferencia institucional y obstáculos burocráticos que han marcado la lucha de las familias de los desaparecidos. Entre las acciones estatales se incluyen la eliminación de fichas de búsqueda en lugares públicos, la intimidación hacia los buscadores y la falta de coordinación y recursos en las investigaciones.

La asociación Luz de Esperanza expresó el deseo de que este fallo sirva de referencia para futuras decisiones judiciales e inspire a más jueces a adoptar un criterio protector que beneficie a las víctimas. Con esta sentencia, ven abierta una puerta hacia adelantos futuros en la búsqueda de los miles de desaparecidos en México.

Por Elizabeth Rivera Avelar

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