Por Elizabeth Rivera Avelar
La organización Artículo 19 -que defiende los derechos de libertad de expresión y acceso a la información en México y Centroamérica- está efectuando el proceso de documentación de los hechos del rapto del periodista Jaime Barrera, el cual dijo es un ejemplo claro del contexto violento que priva en la entidad y pinta un panorama adverso para la práctica periodística en Jalisco, indicó la investigadora de Protección y Defensa, Noemí Pineda.
“Es responsabilidad de las autoridades locales y federales el garantizar que haya condiciones mínimas de seguridad en el estado, en la zona, en toda la región. Y no solo para la práctica periodística, sino también para los habitantes mismos, la ciudadanía. Pues sin estas condiciones mínimas de seguridad también se incumple la obligación de promover un ambiente idóneo para la labor informativa que a la vez repercute y priva a la población en general de contar con información relevante”, manifestó.
Noemí Pineda, expuso que Jalisco que se ha posicionado como la 13ª entidad con mayor número de agresiones a periodistas a escala nacional.
Comentó que en 2023, Artículo 19 registró 561 agresiones en México,. Esto, dijo quiere decir que cada 16 horas se agrede a una persona periodista o medio de comunicación por su labor informativa. En 2022 hubo 21 casos a nivel nacional de privación de la libertad de periodistas en el país, en el 2023 fueron 23 casos.
“Vemos que sí hay un incremento y esto es alarmante. Alarma que puedan seguir escalando los índices de agresiones, los índices de violencia y esto es con la finalidad de generar un efecto de censura o autocensura para intentar silenciar voces críticas o voces que traen información relevante a la ciudadanía que es sumamente importante para un contexto democrático”, comentó.
Detalló que en el año 2022 el manejo de los temas de corrupción y política, seguidos de seguridad y justicia fueron las principales causas de agresión a periodistas y en tercer lugar estaba el derechos humanos.
En el 2023 se posicionó el tema de derechos humanos como el principal motivo de agresiones a los periodistas, le siguieron corrupción y política, protestas o movimientos sociales, y después seguridad y justicia.
En el contexto electoral, se prevé que aumenten estas agresiones, por ello activaron la Red Rompe el Miedo, que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de julio, para monitorear los ataques a este gremio en este contexto.
Las personas que laboran en la prensa o en los medios de comunicación, aconsejó Noemí Pineda, tienen que generar mecanismos de autoprotección, fortalecer redes de confianza, tomar en cuenta el tipo de cobertura y de información que manejarán, diseñar mapas de riesgo e identificar zonas de mayor amenaza y colectivizar la cobertura.
“Hay una frase que siempre resaltamos: Las redes salvan vidas y estas redes es importante que sigan activas, mantener este contacto. Esto es una de las herramientas necesarias que ya es un requisito indispensable para poder salir a realizar una cobertura. Este monitoreo también permite tener más números de personas en conocimiento de adónde voy, dónde estoy y poder reaccionar ante momentos en que a lo mejor no se sabe del paradero de alguien y poder activar estos protocolos o reacciones urgentes”, anotó.
La investigadora de Artículo 19 subrayó que los periodistas deben de contar con números, de mecanismos de protección, de las fiscalías, de las organizaciones e instituciones que puedan auxiliar ante una amenaza.
Pineda enfatizó la responsabilidad de las autoridades estatales y federales de garantizar la seguridad para los periodistas y “utilizar un discurso de respeto, tanto a la libertad de expresión, como a los periodistas”.