Para redefinir qué se considera violencia económica, fue avalada una reforma en la que se encuadró que comente este tipo de violencia quien controle, prive o restrinja los ingresos.
La diputada María Padilla Romo, que impulsó la modificación detalló que también se obliga al Estado a crear un programa de específico para las víctimas de violencia económica.
“Que es un gran paso en esta lucha para erradicar la violencia económica en contra de las mujeres, porque una mujer por motivos económicos luego es capaza de soportar grandes atrocidades y sabemos que si una mujer está fortalecida en cuanto a su autonomía económica no soportará ningún tipo de violencia”, expuso.
En la modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también especifica que se considera violencia económica “sobrefiscalizar el gasto y limitar el gasto familiar para conseguir sometimiento. No aportar al sustento familiar, estando en posibilidad de hacerlo, o desentenderse de las obligaciones de cuidado”.
Una modificación sobre paridad que no se aprobó fue un cambio a la Constitución para hacer obligatoria la paridad en el gabinete estatal incluyendo secretarías, coordinaciones, jefatura de gabinete y la Fiscalía.
Rodrigo Rivas