El regidor de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, sostuvo que el ayuntamiento tapatío no vendió los predios conocidos como Iconia o Parque Resistencia Huentitán, éstos se aportaron de manera condicionada a un pago en obra que a la fecha no se ha cumplido, por lo tanto, dijo, existe responsabilidad del actual presidente municipal, Pablo Lemus, y del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para recuperar a favor del municipio esos bienes.
“Ayer el gobernador dijo que este predio se vendió desde 2008: falso, no se vendió, fue una aportación condicionada, ¿condicionada a qué?, al pago qué debería corresponder”, anotó.
Bravo Padilla, presentó documentos, con los cuales dijo se aclara la situación de los predios y se demuestra que el Ayuntamiento tapatío tiene tanto interés jurídico, como la obligación de intervenir para recuperar el patrimonio municipal.
El edil sostuvo que el municipio tiene interés jurídico, puesto que no se le ha pagado la aportación de los predios y los plazos han fenecido en diversas ocasiones. En el decreto D54/17/08, aprobado en el 2008.
“El predio sufrirá una afectación y aportación condicionada de una superficie de aproximadamente 136,495 metros cuadrados, a un fideicomiso que servirá como instrumento para el cumplimiento de las obligaciones y garantía de los derechos de Mecano América Sociedad Variable y del propio Ayuntamiento, aportación condicionada al cumplimiento de la entrega al Ayuntamiento de las obras mencionadas en el decreto, que ascendían a $65’534,000 dólares.”
Tonatiuh Bravo destacó que las obras no fueron entregadas. A partir del 2009 y 2010, la empresa entró en incumplimiento y las administraciones municipales sucesivas, fueron omisas al respecto.
En 2016, aseveró Enrique Alfaro, entonces presidente municipal de Guadalajara, promovió incluso una demanda mercantil con expediente 256/2016, que fue admitida por el Juzgado Noveno de lo Mercantil, y, cabe destacar, ahí se reconoce el interés jurídico del municipio, donde se reconoce el incumplimiento de los desarrolladores.
No obstante, agregó, esta demanda mercantil, meses después se llega a un acuerdo poco claro que le genera una pérdida patrimonial a Guadalajara, en lugar de proceder con la demanda.
“El Decreto y el Convenio Modificatorio del año 2016 durante la administración de Enrique Alfaro, no tomó en cuenta la actualización del tipo de cambio del dólar, la inflación acumulada ni las penas convencionales, renunció a sancionar a la empresa, cambió las obras de contraprestación, todas esas omisiones causaron daños a las finanzas y al patrimonio del Municipio de Guadalajara. Por tanto, el Ayuntamiento presidido por Enrique Alfaro es responsable de esta pérdida patrimonial de Guadalajara, por no haber exigido lo que correspondía”, sostuvo Bravo.
Respecto a la propiedad del predio, de acuerdo con este último convenio de 2016 que teóricamente es vigente, señala: “permanecerá aportado en el fideicomiso hasta en tanto no se cumpla con la obligación de OHS de construir el parque lineal, momento en el cual el fiduciario transmitirá el derecho real de superficie a favor de OHS o de quien este indique.”
Tonatiuh Bravo aseguró que, al no estar hecho el parque lineal, ni otras de las obras ahí señaladas, queda claro que el municipio sigue teniendo derechos sobre su aportación.
Por otro lado, sobre la integración de un Órgano Honorífico de seguimiento y cumplimiento, que señalan ambos decretos (2008 y 2016), donde participarían distintas universidades, entre ellas la UdeG, el regidor Bravo Padilla argumentó que no se cuenta con antecedentes de que se haya convocado o requerido a las instituciones allí mencionadas.
Bravo Padilla detalló que las obras pactadas en 2008, para ser entregadas en 2009 y 2010, nunca fueron realizadas y que, en lugar de ello, en 2012 transmitieron ilegalmente derechos y obligaciones a otra empresa.
Respecto de los acuerdos de 2016, el 66% de las obras debió ser entregado 18 meses después (julio 2018), y el 34% restante en enero de 2019. Por lo tanto, declaró que desde ese año el Ayuntamiento debió haber actuado jurídicamente para recuperar la aportación de los predios en virtud de ese incumplimiento; en lugar de ello, han pasado cuatro años de inacción del municipio y de omisión en la aplicación de las cláusulas que contienen las penalidades correspondientes.
“El Ayuntamiento tiene interés jurídico y la obligación de intervenir para recuperar el patrimonio, exigir el cumplimiento de las obras y analizar si el quebranto causado al municipio representa responsabilidades en funcionarios en la gestión de 2016. El ayuntamiento debe asumir su postura de defender el patrimonio de la Ciudad”, declaró.
Elizabeth Rivera Avelar