Por Rodrigo Rivas
El reconocimiento de la movilidad como derecho humano y la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial buscan reducir los accidentes, señaló Mónica Magaña presidenta de la Comisión de Movilidad.
La legisladora recordó que es atribución y responsabilidad de los municipios que exista la infraestructura adecuada para la circulación segura en la vía pública.
“Corresponderá a los municipios, pero la ley ya lo salvaguarda, que la infraestructura esté en condiciones optimas para el peatón; precisamente la tarea hoy de los ayuntamientos debe de ser que toda esta infraestructura cuente con las condiciones para que los peatones puedan ejercer sus derechos y sobre todo para que se puede mover en seguridad”, precisó.
El reglamento de la Ley de Movilidad establece derechos y obligaciones de peatones, ciclistas, usuarios del trasporte público, motociclistas y automovilistas.
Los municipios tienen plazo de 180 días para modificar sus reglamentos y adecuarlos a las nuevas disposiciones que incluye la reducción de los límites de velocidad.
Con la nueva Ley de Movilidad, se redujeron los límites de velocidad en calles y avenidas, con un máximo de 30 kilómetros por hora en vialidades secundarias y terciarias, de 50 kilómetros por hora en vías primarias sin acceso controlado y de 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado y en carreteras estatales o interestatales fuera de zonas urbanas.