La decisión del Gobierno del Estado de Jalisco de suspender la búsqueda de personas desaparecidas, a raíz del ataque ocurrido en Tlajomulco, genera incertidumbre y es violatoria de derechos humanos, establecidos en leyes y pactos nacionales e internacionales, señaló el Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
La codirectora del CEPAD, Anna Karolina Chimiak manifestó que les preocupa que con el argumento de no exponer a familiares de personas desaparecidas a ningún tipo de riesgo, se tomen decisiones que afectan las acciones de búsqueda durante un periodo de tiempo indeterminado, sin que se considere en esta decisión la participación de los directamente interesados.
“La búsqueda no se puede suspender, es una obligación permanente, continua y cada persona desaparecida tiene derecho a ser buscada claramente con la obligación de las autoridades, donde deben de garantizar que las búsquedas se realicen en condiciones seguras y adecuadas bajo los protocolos correspondientes”, declaró.
El CEPAD resaltó que está decisión es particularmente grave ya que se da en la entidad que está en primer lugar, a escala nacional, en la mayor cantidad de personas desaparecidas.
Esta organización hizo un llamado a las autoridades a que reconsideren y rectifiquen su decisión y realicen un proceso de su revisión, bajo el principio de participación conjunta con familiares de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y los Organismos de la Sociedad Civil que llevan años acompañado a las víctimas.
Anna Karolina Chimiak agregó que si bien reconocen que es importante generar condiciones seguras para realizar las búsquedas, estas deben traducirse en protocolos y criterios para los análisis de riesgo adecuados y las autoridades deben garantizar que las búsquedas se realicen en condiciones seguras y adecuadas, con la participación conjunta de familiares de personas desaparecidas y bajo los protocolos correspondientes.
Elizabeth Rivera Avelar.