Por Rodrigo Rivas
Con la intención de reforzar la inclusión de personas que viven con una discapacidad, el Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo para exhortar al gobierno estatal, al Poder Judicial y a los municipios; que analicen emprender acciones para que al menos 4% de la plantilla de la administración pública sea ocupada por personas que viven con una discapacidad.
La diputada Ángela Gómez Ponce, promotora del acuerdo, sostuvo que se debe garantizar el derecho al trabajo de quien vive con una discapacidad.
“El derecho de las personas con discapacidad a un trabajo digno y socialmente útil es un gran paso para la accesibilidad universal. El trabajo nos permite asegurar nuestras necesidades básicas y este uno de los reclamos más enérgicos que las personas con discapacidad hacen a los gobiernos”, expuso.
Según datos del lnegi, en Jalisco hay al menos 1 millón 264 mil personas viven con discapacidad, limitación o con algún problema o condición mental.
En La Norma Oficial Mexicana sobre igualdad laboral y no discriminación, se especifica que los empleadores están obligados a contar con instalaciones de trabajo que permitan la movilidad de todas las personas conforme a sus necesidades y capacidades, además de que debe haber acciones de prevención de discriminación.