Para proteger los derechos de las víctimas de fraude por la falsificación de documentos como escrituras, fue presentada una iniciativa de reforma para suprimir la obligatoriedad de promover juicios para esclarecer esos casos, la diputada Dolores López Jara comentó que plantean que notarios y autoridades involucradas estén obligados a intercambiar información para corroborar la autenticidad de documentos.
“Ya no tendría que promover un juicio, habría inmediatamente una comunicación entre las mismas dependencias con la finalidad de cerciorarse si este acto es legítimo, pudieran prevenirse y en el dado caso de que llegara a suceder a quien se le violente su derecho y su patrimonio, no necesita promover un juicio de nulidad, sino que perse se establece el fraude porque no va estar inscrito en el registro público de la propiedad, porque no va estar pasado a ningún libro oficial de notaría pública y con esto obviamente no existe como tal un acto jurídico”, detalló.
La legisladora comentó que actualmente los juicios como tercer perjudicado para corroborar la legalidad de un documento pueden llevar alrededor de seis meses e implicar gastos para la víctima de fraude por la falsificación.
La iniciativa incluye pena de 4 a 8 años de prisión por falsificación de escritura otorgada ante notario, también aplica a los funcionarios municipales o estatales que realicen movimientos como si se tratara de documentos auténticos.
La reforma implica ajustes a la Ley del Registro Público de la Propiedad, al Código Civil estatal, a la Ley del Notariado del Estado, al Código de Procedimientos Civiles, a la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de Catastro Municipal y al Código Penal del Estado.
Rodrigo Rivas.