Por Rodrigo Rivas Uribe
Tras un primer intento que fracasó, al no alcanzar la mayoría de 27 votos necesarios, el proyecto de reforma constitucional estatal en materia electoral fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco y quedó lista para que se discuta de nueva cuenta en el pleno del Poder Legislativo. Incluyen elementos como establecer en la ley que las personas que soliciten su registro a cargos de elección popular deben presentar información patrimonial, fiscal, de intereses, jurídica, administrativa, médica y de confianza pública, en versiones públicas, accesibles y verificables. La diputada Norma López Ramírez, presidenta de la Comisión, destacó que también consideran especificar que se debe garantizar la perspectiva de género, la igualdad sustantiva.
“Y constitucionalizar la obligación de que en leyes secundarias se protejan, creo que todos vieron lo que pasó en la Sala Superior, el día de ayer, en el cual señala que el IEPC no es legislador y la obligación para ello es de nosotros. Eso es un gran avance para Jalisco y las acciones afirmativas, que son los grupos que más hemos sido vulnerados”, dijo.
Además, consideran otros puntos, ya aprobados en la reforma electoral federal, como reducir a 15 el número máximo de regidurías. Aplicar medidas de austeridad para prohibir la adquisición o compra con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Para el Congreso estatal especifica que su presupuesto no excederá del 0.70% del total del presupuesto de egresos del Estado y podrá actualizarse conforme a la inflación anual, señalada en los criterios generales de política económica para el ejercicio que se está presupuestando.
Además, precisan que en la legislación secundaria se impulsará la representación político-electoral de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, bajo principios de equidad y no discriminación.