Por Rodrigo Rivas Uribe
Rechazan diputadas y diputados de oposición la petición de concesionarios de centros de verificación para que vuelvan aplicarse multas a los automovilistas que no verifiquen y que el programa vuelva a ser obligatorio.
“Difiero en que esto no sea un negocio yo creo que sería importante que le preguntáramos a la gente que fuera si ven o no esto como un negocio”, precisó la diputada Refugio Camarena del PRI.
“Si ustedes no reciben los recursos necesarios para que el programa funcione como debería de funcionar, es porque el gobierno decidió hacer un contrato con una empresa única extranjera a la que se le dan 1000 millones de pesos de las y los jaliscienses”, dijo la morenista Itzul Barrera.
“A quién se le pagan los 900 millones de pesos de subsidios que este Congreso aprueba, año con año, para pagarle a la empresa con la que se hizo el contrato, si no es con ustedes es con la empresa que les entrega la tecnología a ustedes para verificar”, cuestionó Tonantzin Cárdenas de Futuro.
“Quien no ha cumplido al día de hoy su responsabilidad es el Estado, es el gobierno, y a ese sí reclámenle todo lo que quieran”, propuso Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo.
“Si el Congreso aprueba más de 900 millones de pesos anuales, para que se pague un contrato, para asegurar 18 años de su continuidad ¿no es revisable eso?«, expuso Tonatiuh Barvo Padilla de Hagamos.