Por Rodrigo Rivas
Luego de que la Comunidad de Tuxpan de Bolaños obtuvo una resolución a favor de su solicitud de regirse por usos y costumbres, y salirse del sistema de partidos políticos, el Congreso estatal deberá dictaminar el decreto para la declaratoria formal del cambio de régimen de gobierno del municipio de Bolaños. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Refugio Camarena Jaureguí, explicó que tiene plazo de 25 días hábiles para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Se ordena al Congreso del Estado el cumplimiento de la resolución y tenemos 25 días hábiles para ese cumplimiento, porque tampoco queremos que nos ganen los tiempos y las prisas. ¿Si hay una resolución y tienen que dar cumplimiento qué es lo que van a revisar? Revisar el cómo, van a revisar todo, precisamente todos esos temas”, comentó.
La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral de la Federación determinó que en el juicio ciudadano promovido por Eutimio Díaz Bautista, Gobernador Tradicional de la comunidad wixárika de Tuxpan (Kuruxi Manuwe), municipio de Bolaños Jalisco; se revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco había rechazado los efectos jurídicos de una consulta realizada para cambiar el sistema de elección de autoridades municipales. Dicha consulta buscaba determinar si el municipio de Bolaños pasaría de un sistema de partidos políticos a un sistema de usos y costumbres (prácticas tradicionales de autogobierno) para elegir a sus autoridades locales.
En la consulta, realizada en mayo del año pasado, hubo 2 mil 129 votos a favor del cambio de régimen de administración a usos y costumbres. El Instituto Electoral del Estado se realizó el cómputo del ejercicio según el cual hubo una participación de 55.17% del listado nominal. La alternativa de cambiar al régimen de usos y costumbres arrasó en las 18 comisarías, mientras que en la cabecera municipal la mayoría votó por seguir en el régimen de partidos políticos.
La Sala Regional Guadalajara determinó revocar la sentencia del tribunal local porque consideró que el caso no había sido analizado de fondo y que era necesario garantizar una adecuada valoración legal de la voluntad expresada por la comunidad en la consulta. En consecuencia, se ordenó que la autoridad electoral local emita una nueva resolución en la que examine a detalle los planteamientos de la comunidad indígena y determine lo que en Derecho corresponda.