Luego de reiterar críticas al gobierno estatal por el incremento al transporte público y el gasto en obras de rehabilitación, el senador morenista, Carlos Lomelí Bolaños, planteó la intención de impulsar la aplicación de la revocación mandato para el gobernador Pablo Lemus.
“Hago un llamado a la Auditoría Superior de Jalisco para que revise los gastos que realizó este gobernador en sus obras. El pueblo pone y el pueblo quita, la revocación de mandato; yo creo que sería genial que todos los jaliscienses el 14 de febrero a las 5 de la tarde, por favor, como un solo músculo vayamos a manifestar el rechazo a este incremento del transporte y a todas las políticas erróneas del gobierno del estado de Jalisco”, dijo.
Según la Ley de Sistema de Participación Ciudadana, en el artículo 82, especifica que la revocación de mandato es el mecanismo mediante el cual las y los ciudadanos deciden que un servidor público de elección popular concluya anticipadamente el ejercicio del cargo para el que fue electo, siempre y cuando se configuren las causales y se cumpla con los procedimientos establecidos en las leyes. La revocación de mandato puede ser solicitada por el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores distribuidos en las dos terceras partes de los distritos o secciones electorales.
Sólo puede solicitarse dentro de los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional correspondiente. La votación debe llevarse a cabo a más tardar 120 días naturales posteriores a la declaratoria de procedencia de la solicitud que emita la autoridad electoral.
Para la validez del procedimiento de revocación de mandato deberán participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en la elección donde resultó electo el servidor público sujeto a este mecanismo. Cuando el número de votos a favor de la revocación de mandato del servidor público sea mayor al número de votos a favor por el que fue electo, el servidor público cesará en el cargo.
Las causales para solicitar la revocación de mandato de un servidor público de elección popular las siguientes: violar sistemáticamente los derechos humanos; incumplir compromisos de campaña, programas, proyectos, o acciones de gobierno propuestos en su plataforma electoral, sin causa justificada, que por su naturaleza, trascendencia o cantidad sean considerados graves; incumplir en la ejecución de los programas, proyectos, o acciones de gobierno que le corresponda aplicar o ejecutar, sin causa justificada; encubrir a sus subordinados cuando éstos incurran en actos de corrupción o de desacato a la Constitución o la ley. La manifiesta incapacidad administrativa de las autoridades ejecutivas o en el desempeño de su encargo; realizar u omitir actos que provoquen desajustes presupuestales severos que afecten el erario; la pérdida de confianza, debidamente argumentada; entre otras.