La Fiscalía Estatal Anticorrupción informó que Moisés Absalón “N” y Alba Marisol “N”, exempleados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), fueron sentenciados a 2 años, 4 meses y 24 días de prisión e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 24 años, tras admitir su responsabilidad por el delito de abuso de autoridad, al rentar para su beneficio salones de eventos del organismo público.
En un comunicado, la dependencia detalló que en audiencia realizada en los juzgados de Puente Grande, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Gustavo Jazmany Lepe Soltero, aprobó el procedimiento abreviado solicitado y emitió su fallo condenatorio en contra Moisés Absalón “N”, ex administrador de salones de eventos del IPEJAL, y de su exasistente Alba Marisol “N”, quienes fueron sentenciados por el delito de abuso de autoridad que comete el servidor público que “aproveche el poder y autoridad del cargo que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio”, según lo establece el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.
Además de la pena corporal y la inhabilitación, como parte de la sentencia, el Juez aprobó el plan de reparación del daño a la víctima, consistente en el pago de $966,198 pesos al IPEJAL, y la reparación del daño a la sociedad, por la que los imputados deberán realizar un donativo conjunto de $30,000 pesos en favor del área de Cancerología Infantil del Hospital Civil de Guadalajara; más una multa de $3,848 pesos.
Entre 2021 y 2023, Moisés Absalón “N” y Alba Marisol “N” crearon una empresa particular para rentar, como propios, dos salones de eventos del IPEJAL: bloqueaban fechas en los inmuebles y las ofrecían al público con servicios adicionales. Los imputados solicitaban a los interesados firmar dos contratos, uno para el IPEJAL y otro para su empresa particular; sin embargo, los afectados no sabían que los salones pertenecían al Instituto.
Los exservidores públicos cobraban cantidades que duplicaban el precio de la renta establecida por el IPEJAL, pero al instituto sólo ingresaban lo que establecía el tabulador oficial y se quedaban con los excedentes, indicando que correspondían a servicios adicionales contratados junto con la renta de los salones.
A inicios de 2023, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción recibió una denuncia anónima donde se señalaron las irregularidades, por lo que abrió una carpeta de investigación y luego de realizar las indagatorias correspondientes se encontraron alrededor de 20 contratos privados con esas características, por lo que el 28 de mayo de 2025 los exempleados estatales fueron presentados ante el Juez, quien determinó vincularlos a proceso.