En rechazo al aumento a la tarifa del transporte público, activistas, integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y de la Federación de Estudiantes Universitaria, se manifestaron frente a Casa Jalisco; solicitaron información y diálogo sobre la política tarifaria que se avaló. Fernanda Romero Delgado, exigió se despejen dudas sobre quiénes tendrán el beneficio de pagar 11 pesos con la tarjeta y a qué sectores beneficiará.
“Exigimos que el gobierno de Jalisco precise por escrito, con fundamento técnico, normativo y en un lenguaje claro para los ciudadanos en general; a partir de qué fecha, bajo que supuestos y para que personas aplicará la tarifa de 14 pesos; así como si esta será una tarifa general o una tarifa condicionada a la ausencia de la tarjeta. Además de las reglas de operación completas del programa social”, dijo.
Los manifestantes no fueron atendidos por el personal del gobierno estatal y pegaron su pliego petitorio en la puerta de Casa Jalisco.
Entre las peticiones está hacer públicas las actas y la metodología con la que el Comité Técnico Tarifario determinó el aumento, y que se haga un estudio independiente de cómo el aumento afecta el gasto de las familias; así como de la calidad de las unidades de transporte, la frecuencia de paso y el servicio que prestan.
Participaron en la concentración integrantes del Colectivo Pasos Blancos, Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana del Estado de Jalisco A.C., Impulso Trans A.C. y la Asociación Nacional de Estudiantes de Diseño Urbano, Urbanismo y Planeación.
Los puntos del pliego petitorio:
-Definición jurídica vinculante sobre el aumento a 14 pesos; saber si será una tarifa general o condicionada y las reglas de operación de la «Tarjeta Única Yo Jalisco».
-Publicación íntegra de las actas, la votación nominal y la metodología técnica relacionada con los costos de operación, insumos y demanda, utilizada para justificar el aumento.
-Solicitan un fundamento documentado de por qué se abandonó la promesa de aumentos graduales anuales a favor de un solo incremento fuerte para el periodo gubernamental.
-Saber de qué partida saldrán los mil 200 millones de pesos del subsidio de 3.5 pesos con la tarjeta única, pues sólo se autorizaron 900 millones del presupuesto original, y qué programas se verán afectados por este ajuste.
-Ofrecer detalles sobre beneficiarios de tarjetas de vulnerabilidad, límites de viajes subsidiados, integración de tarifas de transbordo y una solución al problema de las alcancías que no dan cambio a las y los usuarios.
-Que el acceso a tarifas preferenciales no dependa de trámites engorrosos o tecnología que excluya a adultos mayores, trabajadores informales o habitantes de zonas periféricas.
-Exigen un estudio sobre cómo afecta el aumento al gasto de los hogares y una evaluación de calidad del transporte convencional, excluyendo Tren Ligero y Macrobús, realizada por un ente externo ajeno al Imeplan.
-Vinculación directa del aumento tarifario con mejoras en salarios, seguridad social y jornadas dignas para los choferes, para evitar la inactividad de unidades por falta de personal que hagan esperar a las y los usuarios.
-Claridad sobre las sanciones a concesionarias que incumplan frecuencias y contratos, con participación de la sociedad civil en la vigilancia de estos procesos.
-Calendario público y presupuesto para lograr que 100% de las unidades sean accesibles con rampa y que sean de cama baja, además de paraderos dignos.
-Reivindicación de la movilidad como un derecho humano y una condición de dignidad, que el Estado deje de administrar el transporte como un negocio que favorece a las concesiones.