Por Rodrigo Rivas Uribe
Los recursos destinados a la atención de la crisis por la desaparición de personas deben priorizar las acciones de búsqueda, el acompañamiento a las víctimas y reparación del daño; explicó Jonathan Ávila Guzmán, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), sostuvo que las autoridades estatales deben detallar como la mayor inversión en infraestructura y sistemas de videovigilancia ayudarán las investigaciones y proceso de búsqueda.
“Se corre el riesgo de convertir la desaparición en un problema técnico administrativo, cuando en realidad estamos ante una crisis de derechos humanos que exige respuestas centradas en las víctimas y en la restitución de sus derechos fundamentales; pero sobre todo en que se sepa dónde están sus seres queridos”, dijo.
Sobre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses comentó requiere recursos específicos para ampliar sus áreas de identificación humana, reducir los tiempos de dictaminación pericial y actualizar equipos metodologías.
Otros pendientes son reforzar a la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas ampliando la plantilla de personal especializado en investigación ministerial, mejorar las capacidades técnicas y tecnológicas y que garantizar que cada carpeta de investigación reciba el seguimiento profesional. El activista urgió en avanzar en la creación de una Fiscalía Especializada en la investigación de casos de desaparición. Añadió que faltan reformas para especificar las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia en el rubro de las búsquedas y acompañamientos.
El anexo presupuestal para la búsqueda de personas desaparecidas tenía etiquetados 2,111 millones de pesos, la mayor parte para construcción de un nuevo Centro de Coordinación y Videovigilancia con 1,345 millones; con las reasignaciones le ampliaron 123 millones adicionales.