Por Rodrigo Rivas
Desmantelar el actual programa de verificación vehicular implicaría dejar sin trabajo a unas 500 personas que laboran directamente en su aplicación y eliminar otros empleos indirectos que se generan, argumentó la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión legislativa de Hacienda, planteó que también se dejarían de aportar recursos al Fondo Estatal de Protección al Ambiente.
“Para los centros de verificación que generan cerca de 500 empleos directos y muchos más indirectos, cuya inversión ronda alrededor de los 30 millones de pesos; nosotros creemos que esta política pública debería de ser exitosa, no lo es, porque en todas partes de nuestro país solamente funciona a través de multas, en Jalisco no hay ni una multa, es decir aquí si no estás verificado pues no pasa nada”, dijo.
La emecista negó que se paguen 900 millones de pesos anuales al proveedor de tecnología para hacer las verificaciones, detalló que se le paga por cada revisión; sostuvo que de los 500 pesos, que se cubren con el subsidio estatal, 115 pesos son para proveedor, 250 para concesionarios de los centros de verificación y 134 pesos van al Fondo Estatal de Protección al Ambiente.
Actualmente operan 18 centros de verificación en Área Metropolitana de Guadalajara y 5 interior del Estado, funcionan 96 líneas de verificación y 2 móviles.
Añadió que 68.6 millones destinados al Fondo se han invertido en acciones como la renovación de unidades de transporte público con 20 millones o mejoras en la red de monitoreo de calidad del aire con 16 millones, entre otros
