Por Rodrigo Rivas
Identificar los perfiles de los menores con mayor riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada y contar con protocolos de atención, fue parte de las propuestas que presentó Juan Pablo Rodríguez, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en la segunda mesa de revisión del proyecto de iniciativa de la Ley de Prevención y Erradicación del Reclutamiento Forzado Infantil, realizada en el Congreso de Jalisco.
“Porque los sistemas de alerta temprana justamente permiten crear un perfil de riesgo, hacerlo explícito alrededor de los niveles de vulnerabilidad de ciertas poblaciones, es decir, hay niñez indígena que es más vulnerable; entonces hay un perfil de riesgo asociado a eso. Digamos perfiles de niñez que tienen un grado de vulnerabilidad más alto o les hacemos más vulnerables”, dijo.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña Mendoza, que impulsa la iniciativa recordó que el delito no está tipificado a nivel nacional y que Jalisco sería el tercer Estado en configurar el delito que sólo se ha tipificado en Hidalgo y San Luis Potosí. Las penas esbozadas son de 15 a 30 años de prisión y multa de dos mil a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La penalización aumentará al doble si el delito es cometido por el padre, madre, tutor, ascendiente o cualquier persona que, por su posición de autoridad o confianza, tenga a la víctima bajo su custodia.
Por su parte, la diputada Adriana Medina Ortiz, presidenta de la Comisión de legislativa de Seguridad y Justicia, sugirió afinar definiciones como quien tendría la calidad de víctima y de los reclutadores; los mecanismos de protección a víctimas. Recordó que por ser un tema sobre atención a menores deberá realizarse un ejercicio de consulta pública.
En la revisión se formularon propuestas como integrar un sistema y una comisión interinstitucional para coordinar las acciones de prevención. Habilitar refugios para menores en riesgo o que haya sido víctimas. Que la Secretaría de Salud estatal de atención médica, psicológica y psiquiátrica a las víctimas en los procesos de reincorporación familiar y social; además de promover la inclusión laboral.
Participaron en la mesa Edna Montoya Sánchez, titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas; el magistrado Damián Campos García en representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, Fiscal Especial en Personas Desaparecidas; Pedro Javier Carrasco Rueda Quijano, director de políticas públicas de la Coordinación General Estratégica de Seguridad; entre otros funcionarios.