Por Rodrigo Rivas
Inicia el periodo para que 145 mil burócratas estatales cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial anual y la de intereses. La Contraloría estatal recordó que este trámite es obligatorio y su incumplimiento implica posibles procedimientos administrativos y sanciones.
Que los funcionarios públicos presenten su declaración tiene como objetivo transparentar la evolución o modificación del patrimonio de quienes conforman la administración pública estatal. Adjunto a la declaración de situación patrimonial, quienes desempeñan un cargo igual o mayor a jefe de departamento u homólogo en la administración pública estatal, deberán presentar la declaración de intereses.
Para facilitar el proceso se habilitó el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaraciones de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal (SEPIFAPE), un instrumento digital para que las personas servidoras públicas puedan cumplir con la obligación.
La obligación de presentar la declaración de situación patrimonial se establece en el último párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.