Por Rodrigo Rivas
Para crear el delito de reclutamiento forzado y no forzado en Jalisco, la fracción priista en el Congreso estatal presentó iniciativa para reformar el Código Penal local. La diputada Alondra Fausto de León detalló las sanciones propuestas, entre las que plantean hasta 50 años de cárcel.
“Y reforma el artículo 10 para considerar el reclutamiento como una forma de explotación, se crea el artículo 31 bis, esté establecerá penas de 20 hasta 50 años de prisión y 5 mil a 30 mil días de multa por este delito. La pena aumenta en medida de si la víctima es menor de edad o no”, expuso.
En la pasada Legislatura la diputada priista, Hortensia Noroña Quezada, presentó una iniciativa similar que no fue aprobada.
Según datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
Las organizaciones reportan que 55% de la población en esta situación se concentra en el Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%).
En su intervención, Ilich González Cisneros, presidente del Consejo Técnico de Jóvenes Universitarios, hizo un llamado a que se realice una investigación sobre las omisiones en las que incurrieron las pasadas administraciones estatal y federal en la investigación del rancho Izaguirre.
Por su parte, la regidora de Tlaquepaque, Regina Martínez González, integrante de La Red de Jóvenes del PRI Jalisco, reiteró la condena por la revictimización de las familias buscadoras, el caso del homicidio de Teresa González Murillo, calificó como show mediático del recorrido que hizo por el rancho y recriminó las declaraciones del senador morenista Gerardo Fernández Noroña. La priista insistió que el Gobierno Federal ha buscado minimizar los hechos.
Los jóvenes priistas plantearon otras propuestas como colocar las cédulas de búsqueda de desaparecidos en oficinas públicas; que la Corte Interamericana de Derechos Humanos colabore con las investigaciones del caso del rancho, que familiares y colectivos sean incluidas en las acciones, integrar una mesa de seguridad estatal con la participación de todos los sectores sociales.