15 empresas transnacionales contaminan el río Santiago, señala informe internacional

Entre cientos de empresas instaladas en corredores industriales alrededor del río Santiago, hay al menos 15 transnacionales que incumplen las normas para descargar aguas al cauce y contaminan el medio ambiente, en municipios como El Salto y Juanacatlán de forma impune, señala la académica del CIESAS Occidente, Cindy McCulligh, coautora del informe «Empresas Transnacionales y Libre Comercio en México».

«En el informe se da cuenta un poco de cuáles son las transnacionales europeas que actualmente están presentes en este primer tramo de la cuenca, que es la que afecta a El Salto y Juanacatlán; identificamos alrededor de 15 transnacionales de capital europeo, algunas en la industria del tequila, otros de alimentos y bebidas, y varias ligadas a la industria automotriz; ese sistema se apoya en un mito de que las grandes transnacionales tienen un mejor desempeño ambiental, porque cuentan con sistemas internos propios».

La experta señaló que en México existe un sistema jurídico que permite sistemáticamente impunidad para las empresas que contaminan el agua, a través de la corrupción, pero también la reducción de presupuesto para las inspecciones, insuficiente personal, normas desactualizadas y un esquema de autorregulación, donde las transnacionales constantemente vierten desechos tóxicos a cuerpos de agua sin recibir sanciones.

McCulligh puso el ejemplo concreto de Nestlé, empresa transnacional originaria de Suiza con dos plantas industriales que descargan al río Santiago, y que ha sido sancionada por derramar hasta 50 veces más sustancias contaminantes que las permitidas por la norma mexicana.

La experta advirtió que es falso el mito de que las transnacionales son especialmente respetuosas del medio ambiente y asegura que en México hay suficientes ejemplos para demostrar que en los hechos aprovechan las legislaciones laxas o la corrupción de distintos países para contaminar, abaratando costos, prácticas que no realizan en sus países de origen.

Respecto al Gobierno Federal, con la facultad para regular y sancionar la contaminación del agua, la académica señaló que entre 2019 y 2021, la CONAGUA redujo sus recursos para hacer inspecciones en las empresas de Jalisco, de más de un millón de pesos a sólo 400 mil pesos, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) redujo de 300 mil pesos a apenas 88 mil, por lo que no es suficiente la capacidad del estado para vigilar el cumplimiento de la norma de descargas de aguas residuales.

Puedes descargar el informe completo o consultarlo a continuación:

José Toral