Ven expertos simulación en incremento de sanciones por contaminación de aguas estatales, pues éstas ni siquiera existen

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El anuncio de que serán incrementadas las multas a quienes contaminen aguas de juridicción estatal, como parte del saneamiento del Río Santiago, es mera simulación pues legalmente los cuerpos de agua están a cargo del Gobierno Federal, advierte la doctora en Ciencias Sociales e investigadora de temas de contaminación, Cindy McCulligh.

“PARA TODOS LOS ARROYOS, PRESAS, LAGOS, RÍOS DEL PAÍS, SÓLO TIENEN FACULTADES LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE HECHO A MÍ SE ME HIZO UN POCO CHISTOSO QUE EN EL CONGRESO DEL ESTADO HUBO UNA PROPUESTA Y SE APROBÓ PARA AUMENTAR LAS MULTAS A QUIEN DESCARGA AGUAS ESTATALES ¿POR QUÉ ES CHISTOSO? PORQUE LAS AGUAS ESTATALES QUIÉN SABE CUÁLES SON, LOS ABOGADOS DICEN QUE NO EXISTEN, ENTONCES TENEMOS MULTAS ALTAS PARA VERTER A AGUAS QUE NO EXISTEN Y TENEMOS UNA CONDICIÓN DE LOS RÍOS, QUE SON AGUAS NACIONALES, QUE CONOCEMOS AMPLIAMENTE (SU CONTAMINACIÓN)”.

La académica advirtió que mientras a nivel estatal se impulsan medidas que no tienen impacto en el saneamiento del agua, a nivel federal está estancada la actualización de la Norma de la Semarnat que regula el tratamiento de aguas, la cual es insuficiente porque sólo contempla 20 parámetros laxos para sustancias y deja fuera contaminantes de alta toxicidad, por lo que empresas envenenan los ríos no sólo impunemente, sino conforme a la ley.

La experta advirtió que la contaminación del agua tiene como causa de fondo la corrupción institucional que normaliza que se viertan tóxicos a los cuerpos de agua, y puso como ejemplo el caso de la Comisión Nacional del Agua, encargada de inspeccionar que no sean contaminantes las descargas industriales, pero que le tomaría 149 años revisar todas las que hay en Jalisco, considerando el número de inspecciones que realiza al año en promedio.

El 25 de marzo, el Congreso de Jalisco aprobó sanciones de hasta nueve años de cárcel por contaminar aguas de jurisdicción estatal, sin embargo, ríos como el Santiago legalmente son federales, y por esta ambigüedad, leyes de aguas como la de Jalisco no se aplican, advierte el investigador Luis Enrique Ramos, quien coincide con Cindy McCulligh en su artículo “La falta de funcionalidad de las leyes de aguas de los estados y el nuevo rol de éstos en la gestión de los recursos hídricos“.

“El problema con las denominadas ‘aguas de jurisdicción estatal’ comienza al intentar definir cuáles son éstas. En el caso de los estados de Guanajuato y Jalisco, por citar sólo dos ejemplos, desde el año 2000 en que entraron en vigor ambas leyes, no se ha emitido una sola declaratoria de aguas de jurisdicción estatal, ni se ha expedido título de concesión o permiso alguno”, señala el académico en su trabajo, que puede ser consultado a continuación:

José Toral

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