Por Elizabeth Rivera Avelar
Vecinos del fraccionamiento Misión la Valenciana y Rancho de la Cruz de Tonalá denuncian mala administración de las cuotas que les cobran para el mantenimiento de la colonia y que se entregan a la compañía administradora Bi Gen, que recibe entre 198 mil y 205 mil pesos cada bimestre, pero que tiene el lugar en pésimas condiciones, denunció la presidenta de colonos, Claudia García.
“Nosotros como propietarios nos quitan de la nómina automáticamente un pago que se llama hipoteca con servicios, que así lo maneja Infonavit. Ese programa haga de cuenta que es un recurso que se baja monetariamente que se la dan a la empresa administradora, que nos toca a nosotros como fraccionamiento. Pero aquí obviamente vimos que hay mucho dinero, que el fraccionamiento está en pésimas condiciones, porque se supone que ese recurso es para la pinta de los fraccionamientos, para la poda, para todo, que los fraccionamientos no se decaigan vaya, como los de Tlajomulco. La situación aquí es que esas empresas administradoras se supone que para eso es el recurso, para que la gente obviamente no pierda la plusvalía de sus departamentos ni de sus casas, pero aquí estamos viendo que está entrando el recurso, pero no se emplea aquí en el fraccionamiento”, declaró
La representante vecinal explicó que las aportaciones las realizan entre 200 y 300 habitantes del fraccionamiento.
Claudia García explicó que las anomalías se han expuesto a las autoridades del Infonavit, pero no les ha resuelto su inconformidad.
“Ya hablamos con la empresa administradora, ya fuimos a hablar con el área técnica de las administradoras en Infonavit, nos dicen que no pueden quitar el cobro, que porque el recurso se tiene que rebajar y que no lo podemos manejar nosotros como mesa directiva, ni como condóminos, que porque lo tiene que retener el Infonavit, entonces imagínense que es a fuerzas por parte de ellos que se tiene que manejar el dinero, pero no lo emplean ni lo invierten aquí”, expuso.
Los colonos apuntaron que la empresa administradora no aporta pruebas, ni evidencias de las inversiones en el mantenimiento del fraccionamiento, y tampoco transparenta la aplicación de los recursos económicos.